Un mal número que ayuda a desbloquear

Hay ideas que no avanzan por falta de diagnóstico. Avanzan cuando el costo de no avanzar se vuelve insostenible. Eso es lo que pasó esta semana con el empleo en Chile y que dice algo más grande que un paquete de medidas laborales.

El contrato por horas que el gobierno acaba de impulsar lo escribieron senadores en 2018. Lleva siete años en el Congreso. La Sala Cuna Universal, que elimina el umbral de veinte trabajadoras que en la práctica funcionaba como un impuesto a contratar mujeres, partió con Piñera, siguió con Boric y la está cerrando Kast. La indemnización a todo evento lleva décadas dando vueltas en los debates laborales. Ninguna de estas ideas esperaba diagnóstico ni respaldo técnico: los tenían de sobra. Lo que esperaban era permiso político. Y ese permiso llegó esta semana, empujado por un número.

El 9,1% de desempleo del último trimestre es el más alto desde la pandemia. Pero el dato que de verdad asusta no es ese, sino su persistencia: Chile lleva cuarenta meses sin bajar del 8%. Chile es de los pocos países que no recuperó su empleo de antes de la pandemia. Recién cuando ese número apretó lo suficiente, la agenda se movió.

Lo más revelador no es el contenido de las medidas. Es quién las respalda. Mario Marcel, exministro de Hacienda de Boric, salió a pedir a la oposición que las apruebe y las llamó un "win-win". La Sofofa empuja en la misma dirección. Una reforma de un gobierno de derecha respaldada por la centroizquierda técnica y por los empresarios al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, suele ser señal de que el problema ya es más grande que la trinchera ideológica que lo mantenía trabado.

Durante años, la discusión laboral chilena estuvo paralizada en una pelea de identidades: flexibilidad sonaba a derecha, protección sonaba a izquierda, y con la esperanza de que existía alguna fórmula mágica que no obligara a elegir, casi nada avanzaba. El resultado de ese empate no fue neutralidad: fueron cuarenta meses de desempleo estructural, un mercado laboral que expulsó a las mujeres y a los jóvenes, y una informalidad que creció precisamente porque el sistema formal era demasiado rígido para absorberlos.

Aquí conviene ser honesto con los dos lados. La CUT tiene un reparo que no es menor: que "flexibilidad" y "adaptabilidad" sean nombres elegantes para trabajo por horas sin seguridad real, y que varias de estas fórmulas se financien sacándole recursos al Seguro de Cesantía. La línea entre flexibilizar el empleo y precarizarlo es fina, y los datos internacionales muestran que cruzarla tiene costos que no siempre aparecen de inmediato; aparecen en la jubilación, en la cobertura de salud, en la capacidad de ahorro de quienes trabajan con menos continuidad. Ese riesgo existe y merece seguimiento, pero no descarte.

Pero la alternativa tampoco era sostenible. Un sistema que protege muy bien a quienes tienen contrato indefinido y deja afuera a los que no logran entrar no es un sistema justo: es un sistema que divide el mercado laboral en dos, con los que están adentro y los que se quedan fuera, y llama "protección" a lo que en realidad es exclusión de los más vulnerables.

El mérito involuntario de cuarenta meses de desocupación alta es haber dejado en evidencia que el sistema que teníamos ya no funcionaba para demasiada gente. Eso no garantiza que lo que viene sea mejor, pero por fin se está intentando.

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