Agua: más gestión que clima

La Organización Meteorológica Mundial publicó su informe anual sobre el agua del planeta, y su secretaria general lo resumió con una imagen que se entiende sin ser experto.

Las aguas subterráneas y los glaciares, dijo Celeste Saulo, funcionan como una cuenta de ahorros: el colchón que permite que un año seco no se convierta en una crisis. Y agregó: estamos agotando esa cuenta de ahorros.

Los datos la respaldan. El año pasado fue uno de los tres más secos para los ríos del mundo en treinta y cinco años. Y casi dos tercios de los pozos monitoreados quedaron fuera de su rango histórico.

En Chile nada de eso sorprende. La megasequía, el retroceso de los glaciares, los camiones aljibe. El relato dominante es claro: llueve menos por el cambio climático, y por eso falta agua.

Ese relato es cierto. Pero es incompleto, y la parte que falta es la más importante.

Lo dice el propio informe, y conviene subrayarlo: la OMM no atribuye todos los cambios observados únicamente al cambio climático, porque también influyen la presión humana sobre los recursos hídricos y la variabilidad natural.

En Chile hay un estudio que se tomó el trabajo de desarmar el problema. Fundación Chile analizó seis cuencas, del Copiapó al Baker, e identificó qué estaba generando riesgo hídrico en cada una.

El resultado ordena todo lo demás. El 44% de los problemas identificados tenía que ver con gestión y gobernanza del agua. El 17%, con el crecimiento de la demanda productiva y con haber entregado más derechos de agua de los que el río podía dar. El 14%, con contaminación.

Las causas naturales -la lluvia que no llega, la nieve que no cae, los glaciares que retroceden- aparecían recién en cuarto lugar. Doce por ciento.

Y lo que el estudio llama gestión no es una abstracción.

Es un Estado que tiene información escasa, fragmentada y a veces contradictoria sobre cuánta agua hay. Que fiscaliza poco a quienes la usan. Que reparte las responsabilidades entre muchos organismos que no se coordinan. Y un mercado de derechos donde es difícil saber quién tiene qué en cada cuenca.

Ahí está la distinción que a mi juicio falta en el debate chileno. El clima explica que haya menos agua. La gestión explica por qué no sabemos repartir bien la que queda.

Y tiene una consecuencia práctica, que es lo que vuelve esto urgente: contra el clima, un país puede hacer poco en el corto plazo. Contra la mala gestión, puede hacer bastante, y rápido.

Chile hizo algo. En 2022, después de once años de tramitación, reformó el Código de Aguas. Estableció que el acceso al agua es un derecho humano, que el consumo humano prevalece siempre sobre los usos productivos, y que los nuevos derechos ya no son perpetuos sino concesiones de treinta años. Fue un cambio de filosofía real.

Pero la reforma se concentró en cómo se reparten los derechos. Los que ya estaban entregados siguen vigentes.

Y el problema que el estudio ponía primero -un Estado que no sabe bien cuánta agua tiene ni fiscaliza su uso- es de otra naturaleza. No se resuelve con una ley. Se resuelve con capacidad institucional: más lenta, más cara y mucho menos visible que una reforma.

La cuenta de ahorros de la que habla la ONU se está vaciando en todo el mundo. Pero una cuenta que se vacía se puede administrar mejor o peor.

Chile ha pasado años hablando de cuánto entra. Ha hablado mucho menos de cómo se gasta.

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