Uno de cada ocho trabajadores nació fuera de Chile

La cifra la presentaron en junio la Organización Internacional del Trabajo y la CEPAL: la población migrante representa el 12,2% de la fuerza de trabajo chilena. Hace nueve años, según datos censales, era la mitad de eso. Y a comienzos de siglo, apenas 1,5%.

En menos de una generación, el mercado laboral chileno cambió de composición. No en un rubro ni en una región: en el total.

Y trabajan más. Su tasa de participación laboral está 20 puntos porcentuales por encima de la de la población chilena. Veinte puntos es muchísimo: significa que de cada cien migrantes en edad de trabajar, hay veinte más buscando o teniendo empleo que entre cien chilenos.

Pero hay un segundo dato, y es el que me parece que Chile no ha procesado.

Los mismos estudios muestran que la población migrante tiene una proporción más alta de educación superior que la chilena. Y al mismo tiempo está sobrerrepresentada en ocupaciones elementales, sobre todo las mujeres: el 26,4% de las migrantes ocupadas trabaja ahí, casi diez puntos más que los hombres migrantes.

Es decir: llegaron más calificados de lo que están trabajando.

Eso tiene una explicación concreta, y no es la que uno imagina. Un estudio del Banco Mundial sobre el sistema chileno estimó, usando datos de la Casen 2020, que el 26,8% de la población migrante tenía educación superior. Pero apenas el 6,8%, menos de siete de cada cien, había solicitado reconocer o revalidar sus credenciales acá.

Las razones están documentadas: información poco clara, sin un sistema integral que la reúna, y costos altos para hacer el trámite. A eso se suma que el resultado depende de qué puerta le toque a cada uno. Los registros de entonces mostraban tasas de aprobación del reconocimiento que iban del 46% al 93% según la institución, mientras que solo el 49% de las solicitudes de revalidación tramitadas por la Universidad de Chile terminaban aprobadas.

Hay un dato que confirma el efecto por otra vía: apenas el 2,8% de los migrantes trabaja en el sector público, justamente donde el título es requisito obligatorio. Durante años esa universidad concentró prácticamente toda la vía general. La Ley de Migración de 2021 amplió esa atribución a otras universidades del Estado, pero el reglamento que lo hacía operativo tardó cinco años: se publicó en febrero de este año y entró en vigencia el 17 de agosto.

Dicho de otro modo: ese estudio diagnosticó en 2022 un problema que la norma recién empezó a corregir cuatro años después. Súmele la informalidad, que alcanza al 30,3% entre migrantes y al 26,5% entre chilenos.

Ahí está el resultado. Un país que envejece y tiene cada vez menos hijos recibió, en veinte años, una cantidad de trabajadores suficiente para representar uno de cada ocho. Trabajan más que el promedio. Estudiaron más que el promedio. Y una parte importante está haciendo trabajos por debajo de lo que sabe hacer, porque el papel que lo acredita quedó atrapado en un trámite que casi nadie inicia y que, cuando se inicia, puede salir bien o mal según dónde caiga.

Durante años Chile debatió la migración como un asunto de frontera. Mientras tanto, la discusión más aburrida y más cara se quedó sin resolver: qué hace el país con la gente que ya está adentro, y con lo que esa gente sabe hacer.

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