El día que el Estado empezó a elegir sectores

Desde ahora existe en Chile una lista de las actividades económicas que valen la pena. Quién está en ella descuenta impuestos. Quien no está, no. Y quien falte tiene quince días hábiles al año para pedir entrar.

No es una figura retórica: es el mecanismo concreto que dejó la megarreforma recién aprobada, y creo que se está discutiendo por el lado equivocado.

El instrumento es el crédito tributario al empleo. La empresa que califica descuenta el 15% de lo que paga en remuneraciones, con tope de 75 UTM por trabajador al año, y cinco puntos porcentuales más si el trabajador está fuera de la Región Metropolitana.

En su versión original el beneficio era universal, para cualquier rubro. Costaba unos 1.500 millones de dólares al año, y en el Senado se reformuló por completo. Quedó acotado a las empresas que exportan servicios del conocimiento por medios digitales: los que Hacienda incluya en un catálogo que todavía se está redactando.

Ahí entrarían software, ciberseguridad, análisis de datos, animación, videojuegos y educación a distancia, siempre que el cliente esté fuera de Chile.

Hacienda explica la elección con un argumento razonable: Argentina, Perú y Uruguay ya entregan beneficios tributarios en esa misma materia, y Chile tiene una de las mejores conectividades de la región y capital humano capacitado para trabajar a distancia. Es competencia regional por una industria que se puede localizar en cualquier parte.

Hay objeciones técnicas que también conviene poner sobre la mesa. Especialistas señalan que no hay un análisis explícito de por qué estos sectores y no otros, que un subsidio de este tipo tiende a subir más los salarios de trabajadores ya calificados que el empleo total, y que el rubro representa menos del 3% del empleo del país.

Pero lo que a mí me parece más relevante no es la evaluación del instrumento. Es el verbo.

Elegir no es lo mismo que focalizar, y esa distinción organiza medio siglo de política pública chilena.

Focalizar es definir quién recibe según una característica de la persona o del hogar. La devolución de IVA por pañales y medicamentos alcanza a los primeros ocho deciles. La exención de contribuciones va a los mayores de 65 años en su primera vivienda. Son criterios verificables sobre personas, y responden a una restricción presupuestaria: como la plata no alcanza para todos, se prioriza.

Elegir es otra cosa. Ya no es a quién se ayuda, sino qué sectores debe desarrollar el país. Qué industrias se apoyan, qué disciplinas se becan. No es un Estado que gaste más: es un Estado que decide más.

Y esa frontera casi nadie la cruzó en cincuenta años. La Unidad Popular fijó precios y distribuyó desde el Estado. La dictadura liberalizó como respuesta. La Concertación no volvió atrás y usó la focalización: decidía a quién ayudar sin decidir qué actividades debían prosperar. Piñera siguió esa línea.

La está cruzando ahora un gobierno de derecha, cuyo programa declara un Estado regulador y subsidiario: uno que pone las reglas y actúa solo donde el privado no llega, no uno que elige ganadores.

Hay una frase en la ley que conviene leer despacio, porque es la que fija el poder real: se presumirá de pleno derecho que los servicios que Hacienda incluya en el catálogo son servicios de la economía del conocimiento. De pleno derecho. No admite prueba en contrario.

Y hay razones fiscales atendibles para haber llegado hasta aquí. Cuando el presupuesto aprieta, todo gobierno decide qué financia y dónde recorta. El problema es que una decisión tomada para cerrar la cuenta de un año instala una capacidad institucional que va a durar mucho más.

Lo veo así: el manual de un Estado que elige sectores no lo escribió la derecha. Lo escribió Mariana Mazzucato, la economista que la nueva izquierda cita como referente, y que sostiene que el Estado no debe limitarse a corregir fallas de mercado sino fijar misiones, asumir riesgos que el privado no toma y crear mercados. Ese es el marco que se está aplicando, y lo está aplicando el sector político que más lo objetaba.

Eso abre una discusión que va a exceder a este gobierno: si el Estado va a elegir sectores, con qué criterio técnico lo hace, quién lo evalúa, y cómo se evita que la lista termine reflejando capacidad de lobby en lugar de potencial de desarrollo.

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