Fiscales sobrepasados, que igual ganan

Cualquiera que haya hecho una denuncia en Chile conoce la secuencia. Le dicen que el caso quedó en manos de un fiscal. Y después, silencio. Semanas, meses. La explicación de por qué demora tanto no está en la voluntad de nadie: está en un número.

Mil ochocientas. Ese es el promedio de causas que maneja al año un fiscal adjunto. Cuando el sistema procesal penal se diseñó, hace más de dos décadas, la proyección era 800. El doble no es una anomalía ni el efecto de una crisis reciente: es el estado permanente del Ministerio Público.

Lo que viene después es un problema de diseño que cualquiera que dirija una operación reconoce de inmediato.

El fiscal trabaja con un equipo. Abogados asistentes que preparan documentos y toman declaraciones. Técnicos que ingresan causas, gestionan notificaciones y coordinan agendas. Psicólogos y asistentes sociales que evalúan si una víctima necesita protección. Todo ese equipo produce. Pero hay una sola persona habilitada para tomar las decisiones que hacen avanzar un caso: formalizar a un imputado, ofrecer una salida alternativa, llevarlo a juicio. Sin esa firma, nada se mueve.

Es un cuello de botella de aprobación única sobre un volumen que dobla el previsto. En cualquier proceso productivo, eso tiene un resultado conocido: la cola crece y el sistema empieza a descartar por su cuenta.

Y eso es exactamente lo que pasa. Las fiscalías más grandes montaron un filtro de entrada que revisa cada denuncia y decide rápido si tiene posibilidades mínimas de prosperar. Si no hay sospechoso identificado, ni cámaras, ni testigos -el caso típico de un robo callejero-, la causa se archiva de manera provisional, que en la práctica significa quedar suspendida sin plazo. El 79% de esos archivos corresponde a casos con responsable desconocido.

Conviene nombrarlo con precisión, porque acá se juega buena parte de la discusión pública: eso no es negligencia. Es priorización. Con 1.800 carpetas sobre la mesa, un robo sin pistas efectivamente tiene menos posibilidades que una investigación con imputado identificado. Cualquier gerente que haya tenido que decidir qué proyectos mueren cuando el equipo no da entiende el criterio.

A eso se suman las megacausas. Un caso de crimen organizado con decenas de imputados, interceptaciones masivas o peritajes financieros puede absorber a un fiscal y a dos o tres asistentes durante meses. Mientras esa carpeta consume al equipo, las otras 1.799 esperan. Es concentración de recursos escasos en el caso más complejo, que es lo correcto desde la persecución penal y devastador desde la fila.

Y acá viene el dato que da vuelta la lectura habitual.

Medido por sus propias métricas, el Ministerio Público chileno funciona bien. Según su última cuenta pública, el 79% de los juicios orales terminó en condena, sobre 9.582 casos, y las condenas totales superaron las 89 mil. Este no es un organismo que pierda lo que litiga. Es un organismo que gana casi todo lo que alcanza a jugar.

El problema es cuántos casos llegan a esa instancia. El camino entre una denuncia y una audiencia es lo bastante largo como para que muchas causas mueran antes. Y ahí hay una lección que excede a la justicia: una institución puede exhibir indicadores de desempeño excelentes y aun así estar fallándole a la mayoría de la gente que la necesita, si el indicador mide solo el tramo final del embudo.

Sobre la capacidad, los números están sobre la mesa. La Asociación Nacional de Fiscales sostiene que se necesitan cerca de 500 fiscales más. El plan vigente suma 205 en cuatro años, con 70 este año y los concursos ya abiertos. Es un avance real y también una fracción de la brecha. En las regiones más exigidas hay entre tres y cuatro fiscales por cada cien mil habitantes, un tercio o la mitad de lo que tienen sistemas judiciales europeos consolidados.

Mientras la brecha exista, el filtro de entrada seguirá operando, y seguirá tomando decisiones que en rigor son de política criminal -qué delitos se persiguen y cuáles no- sin que nadie las haya discutido como tales. Se están tomando por capacidad instalada, no por criterio deliberado.

Para el fiscal, priorizar es hacer bien su trabajo. Para quien denunció, el resultado se llama impunidad. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y esa es precisamente la razón por la que el problema no se resuelve exigiéndole más al que ya está saturado.

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